De la Redacción 

Huatusco en Línea 

José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Yasmín Palmeros Barradas, presidente y síndica del Ayuntamiento de Actopan respectivamente, irán ante la justicia. Este miércoles, en Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado determinó, por mayoría calificada, la procedencia del desafuero por presuntas irregularidades cometidas por ambos, desde abuso de autoridad hasta desvío de recursos públicos.

Esta resolución del Legislativo deriva de la solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al Congreso para la suspensión y revocación del mandato, mediante el oficio FECCEV/FA/006/2020 FECHA DE OFICIO: 08/01/2020. Al ser separados del cargo, los servidores públicos han quedado desprovistos del fuero constitucional y puestos a disposición de los tribunales competentes, en tanto estén sujetos a proceso penal.

Todo comenzó cuando se dio a conocer un audio en el que la Síndica reconoce que, gracias a un acuerdo con el Alcalde, se ha visto beneficiada con tres plazas de “aviadores”, teniendo en la nómina del Ayuntamiento a su cuñado. Por lo que pide que sean respetados sus acuerdos con el alcalde José Paulino Domínguez y que le apoye para conservar ese “extra”.

El 17 de febrero pasado, la Comisión Instructora celebró de manera privada la audiencia de pruebas y alegatos, donde las partes denunciante y denunciada presentaron sus argumentos. La misma Comisión entregó a la Secretaría General del Congreso el dictamen relativo a la revocación del mandato del Presidente y la Síndica.

La actuación de la LXV Legislatura local se apega a lo que establece el artículo 78 de la Constitución Política del Estado, en cuyo párrafo segundo mandata que “Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el servidor público quedará suspendido de su cargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.”.

Ahora, corresponde a la Comisión Permanente de Gobernación analizar el caso y determinar si se nombra un Concejo Municipal o se llama a los suplentes, para asumir ambos cargos, mientras concluye el proceso penal. Si éste concluye en sentencia absolutoria, de acuerdo con el párrafo citado, los inculpados podrán reasumir su función. No se contempla el indulto, en caso de que la sentencia resulte condenatoria.

Los acusados han denunciado hostigamiento y persecución, aludiendo a esto como causa de no haberse presentado ante el Congreso a la audiencia. En su réplica, el munícipe dice haber presentado una denuncia en contra de Pedro Benítez Domínguez y María Nelly Alarcón, extesoreros del mismo ayuntamiento, por un presunto daño patrimonial de 22 millones de pesos.

Mientras las actuales administraciones tanto federal como estatal han defendido como máxima el combate a la corrupción, algunos funcionarios mantienen el perfil y el exceso de confianza como si fueran intocables. Habrá que ver qué otras cosas salen a la luz, ya que Paulino Domínguez tiene abierta una carpeta de investigación en su contra por el asesinato del periodista Celestino Ruiz Vásquez.

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